Última actualización: 06/04/2017
De Jurisprudencia, Acuerdos Administrativos y Legislación de Interés.
Siguiendo el criterio de la Corte Suprema en el precedente "Espósito" el reajuste de indemnizaciones por accidentes de trabajo dispuesto por la ley 26.773, no puede aplicarse a los accidentes ocurridos con anterioridad
La madre tiene el derecho y la obligación de escolarizar a su hija durante todo el lapso de su educación obligatoria, esto es primaria y secundaria, lo cual prevalece sobre la opinión, objeciones o reparos que la titular de la responsabilidad parental manifieste sobre el sistema de educación formal y también sobre su preferencia por la modalidad alternativa de educación en el hogar.
El Tribunal, tras evaluar que el profesional matriculado no se encontraba inscripto en los listados oficiales de peritos, decide revocar la multa que le fuera impuesta por no tener la obligación propia de aceptar un cargo por el cual no había sido investido.
El experto oficial impugna la multa que le fuera impuesta por la Cámara dando razones por las cuales no pudo cumplir con el dictamen pericial encomendado. El Tribunal decide confirmar la resolución de la Cámara.
El Tribunal decide confirmar la multa que le fuera impuesta a la perito oficial luego de atender que, la misma obraba en los listados oficiales habilitados para practicarse los sorteos de práctica, precisamente, por cuanto no había requerido ninguna dispensa con anterioridad a dicha designación.
La perito oficial recurre la multa que le fuera impuesta por no haber aceptado la encomienda jurisdiccional en la que resultó sorteada. En su escrito la auxiliar invocó dificultades con la habilitación de su casilla. El Tribunal al valorar los antecedetes del caso decide rechazar el recurso interpuesto por la perito.
El Juez de Paz reclamante persigue el pago del adicional por título de abogado retroactivo a la entrada en vigencia de la ley n° 2659. El Tribunal luego de analizar que el título de abogado no es condición para el ejercicio del cargo de juez de paz (cfr. Ley n° 887) -lo que impide acceder al beneficio opcional de computar la antigüedad a partir de la matriculación (cfr. ley n° 2501)- y que el reconocimiento del título previsto en la ley 1699 se encuentra subsumido en el rubro exclusivo de compensación funcional establecido por art. 11 de la Ley n° 2659, decide el rechazo de la impugnación interpuesta.
El S.E.Ju.N. cuestiona que el Tribunal Superior de Justicia decidiera excluir como sujetos beneficiarios del otorgamiento de una suma fija no remunerativa ni bonificable por única vez a aquellos agentes que no tuvieran cumplidos seis meses de antigüedad en el Poder Judicial. El Cuerpo al merituar los alcances de dicha suma dineraria decide rechazar la impugnación interpuesta.
La reclamante impugna las correcciones efectuadas por el tribunal examinador en el marco del concurso interno cerrado con corrimientos y traslados con destino a la Dirección General de Administración. El Tribunal decide el rechazo del reclamo interpuesto.
El Tribunal decide confirmar la Resolución de Presidencia que tuvo por injustificada las inasistencias de la trabajadora con encuadre en el art. 39 del Estatuto de licencias judiciales, quien en ambas instancias había invocado razones de fuerza mayor vinculadas con su mudanza domiciliaria.
El trabajador reclama la revisión de la Resolución de Presidencia que le justificó su inasistencia laboral del día 1 de febrero de 2016 sin goce de haberes con encuadre en el art. 39 del Estatuto de licencias judiciales, en el entendimiento que le correspondía el reconocimiento salarial durante dicha ausencia por razones de fuerza mayor vinculadas con un desperfecto mecánico al retorno de sus vacaciones, previo al reinicio de la feria judicial. El Tribunal confirmó la Resolución Administrativa impugnada.
A raíz de una solicitud de referéndum de revocatoria de mandato de los vecinos de Manzano Amargo, el Tribunal Superior de Justicia señalo que en el marco de la democracia participativa, para poder llevar adelante este tipo de procesos era imperioso el cumplimiento de los siguientes recaudos: 1) que se promueva respecto de un cargo de elección popular; 2.- el derecho debe ser ejercido por el electorado; 3.- El requerimiento debe postularse por la causal mal desempeño de la autoridad en el ejercicio de sus funciones; 4.- La presentación que impulsa el procedimiento debe contar con la firma del 25 por ciento de los inscriptos en el padrón electoral de la Provincia o del municipio correspondiente; y 5.- Resulta indispensable que el requerimiento de revocatoria se promueva respecto de quienes no hayan cumplido un (1) año de mandato, ni para aquéllos a los que restaren menos de seis (6) meses para la expiración del mismo.
Asimismo consideró que la Constitución Provincial “no alude de manera expresa a la necesidad de una ley reglamentaria del instituto de revocatoria de mandatos, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo con la iniciativa popular”.
La única cautelar administrativa que el Tribunal Superior de Justicia acogió favorablemente en los últimos años está relacionada con la convocatoria a referéndum de revocatoria de mandato en Manzano Amargo y dispuso la suspensión del mismo.
Se interpretó que si bien el actuar de la administración se presume legítimo y la suspensión de la ejecución de ese acto es de carácter excepcional, en este caso, al tratarse de un cargo electivo, la prosecución del trámite generaría una consecuencia de difícil reparación y esto impactaría necesariamente en el funcionamiento de las instituciones y, por tanto, en el “interés público” y por ello se hizo lugar al planteo.
La madre de una niña menor de edad decide que no asista a la escuela primaria asumiendo ella su educación. Consulta en la escuela cómo hacer para darle de baja del sistema educativo y deja de enviarla al colegio a partir de septiembre del año 2014. La Defensora de los Derechos del Niño y Adolescente entabla acción de amparo contra la madre, a fin de que se le ordene que garantice que su hija acceda y concurra a la escuela primaria. Tanto el juzgado de origen como la SalaII de la CCyC de la ciudad de Neuquén rechazan el amparo deducido por la actora. El TSJ declara nulas la sentencias anteriores, hace lugar al amparo y condena a la madre a garantizar el derecho y la obligación de la escolarización de su hija.
Interpone la actora acción procesal administrativa contra la Provincia de Neuquén y la empresa Apache Energía Argentina S.R.L., con la finalidad de obtener la declaración de nulidad de la Disposición 341/10, de fecha 03/09/2010, emanada de la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia. Sostiene que la Disposición se encuentra viciada pues, en el procedimiento administrativo ambiental llevado adelante por la Secretaría de Medio Ambiente, no se realizó la audiencia pública ambiental –requisito esencial-, ni se contó con el dictamen legal previo, que entiende de vital importancia para el procedimiento. El TSJ declara la nulidad de la norma en cuestión.
La demanda deduce recurso de Nulidad Extraordinario contra la resolución dictada a fs.98/101 por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería –Sala III- de la ciudad de Neuquén, en cuanto resuelve que no resulta procedente la aplicación del Art. 277 de la L.C.T. por ser una norma procesal cuya atribución en materia legislativa pertenece a las provincias. El TSJ casa parcialmente dicho fallo en virtud de la causal prevista en el inciso a), del Art. 15º de la Ley 1.406, por haber mediado infracción legal en orden al Art. 4º de la Ley Nro. 1.594, reformado por la Ley Nro. 2.933 que dispone que, en el ámbito local, rigen los límites y formalidades establecidos en el Art. 277 de la Ley nacional 20.744 de Contrato de Trabajo con la modificación introducida por la Ley N° 24.432, respecto de las costas.
La ley 3021 modificó el art. 114 e incorporó los arts. 114 bis, ter y quater del CPP de la pcia. del Neuquén.