Labate: “Las cárceles deberían ser centros de estudio o centros de producción"
Así lo expresó el presidente del Tribunal Superior de Justicia en el acto por la firma del convenio para la creación de unidades productivas agroalimentarias para la población carcelaria.
En el día de hoy, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Dr. Antonio Guillermo Labate; el ministro de Desarrollo Territorial, Prof. Leandro Bertoya; el Ministerio de Desarrollo Social, Sr. Alfredo Rodríguez; el secretario de Estado de Seguridad, Ing. Guillermo Pellini; el secretario de Estado de Educación, Cultura y Deportes, Sr. Ernesto Seguel suscribieron un convenio de colaboración para la creación de unidades productivas para la población carcelaria.
Del desarrollo del proyecto participarán el Tribunal Superior de Justicia, el Presidente de la Cámara en Todos los Fueros de la II Circunscripción, Dr. Dardo Troncoso, los ministerios de Desarrollo Territorio y de Desarrollo Social a través del Programa de Desarrollo Agroalimentario (Proda), las secretarías de Educación y Seguridad y el Sistema Penitenciario Provincial. Según expresa el convenio, cada uno de estos organismos aportará los recursos técnicos y materiales conforme los proyectos específicos que se elaboren para cada unidad carcelaria.
En la oportunidad, el Ministro de Desarrollo Territorial, Leandro Bertoya agradeció al Poder Judicial y a los representantes de los ministerios y secretarías del Poder Ejecutivo el trabajo realizado para la firma del convenio que “enfoca todo el accionar hacia la reinserción social, laboral y económica de las personas que han perdido su libertad y que deben buscar una forma de reinsertarse en su familia y en el ámbito del cual provenían”. Destacó, además, la posibilidad “de construir las herramientas y una salida laboral para una vida más digna y, fundamentalmente, para que nadie en la Provincia del Neuquén pierda las esperanzas y que todos sepan que una vez pagadas las penas que la justicia establece para estas personas, la sociedad le acerca las herramientas para que vuelvan a construir un futuro para ellos y sus familias”.
Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, luego de agradecer a todos los órganos del Estado Provincial que trabajaron en el proyecto señaló que “esto es un reconocimiento a que las cárceles no son simples depósitos sino lugares de resocialización, reeducación, capacitación. Las cárceles deberían ser centros de estudio o centros de producción. No solamente para atender las necesidades del interno sino para que la persona detenida ocupe su tiempo en algo productivo, que permita a la familia sobrevivir dignamente, que no sea el Estado el que tiene que estar permanentemente auxiliando económicamente a la familia, al interno sino que el interno en esa capacitación vía trabajo y educación evalúe considerarse útil a la sociedad a la que va a reingresar en su momento”.
Además, indicó que “haber mancomunado los esfuerzos, distintas áreas, para atender una obligación constitucional que es el trato digno a los presos, la capacitación, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, es una muestra de que cuando, en una verdadera democracia, en una verdadera república, los Poderes del Estado trabajan mancomunadamente en beneficio de la comunidad o en cumplimiento de las leyes, es que esto empieza a funcionar”.
