“Es la concreción del trabajo de casi una década”
El Dr. Alberto Binder, reconocido abogado y docente universitario especializado en procesos de reforma judicial, sostiene que a partir del martes se abre un nuevo proceso en la provincia. Afirma que, como toda política pública, la Reforma Procesal Penal se deberá traducir en resultados, pero que necesita tiempo para hacerse camino. En una entrevista que recorre distintos aspectos del sistema que entrará en vigencia en pocos días, el actual vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y asesor ad-honorem del Tribunal Superior de Justicia en la implementación del nuevo sistema penal, afirma que el tiempo que llevó la reforma es su principal capital: “Yo lo primero que diría es que esto que empieza el 14 de enero es prácticamente la concreción del trabajo de casi una década. No se puede decir que en Neuquén no se haya discutido o que no se haya trabajado alrededor del proceso de reforma”.
Esto empezó con el primer proyecto, después se lentificó un poco, se siguió discutiendo, apareció un segundo proceso y, en términos generales, hay una continuidad que ahora se materializa. En ese transcurso también se fueron haciendo reformas parciales y yo creo que los funcionarios judiciales se fueron concientizando cada vez más de la necesidad del cambio. Muchos pasaron por los posgrados de la universidad, por lo cual se estudió y se preparó. De ninguna manera se podría decir que no es un proceso de larga data, con preparación. Posiblemente, Neuquén es una de las provincias con más trabajo previo antes de la reforma.
¿En qué contexto se da este proceso?
Posiblemente porque uno esperaba que se diera antes, Neuquén estaba llamada a ser punta de lanza de un modelo de justicia más moderno. Se le adelantó Chubut, que cuenta con el modelo de Justicia más moderno del país; pero ahora Neuquén tomó muchas experiencias de lo que fue pasando en Chubut y vuelve a estar de punta. Al mismo tiempo, entre Neuquén, Chubut, Río Negro y La Pampa, la Patagonia Norte se consolida como un punto de referencia en el país de un modelo de Justicia más moderno. Cuando hablamos de modernidad hablamos, sobre todo, de un Ministerio Público que está organizado con nuevos criterios, con mayor capacidad de tener un planeamiento político criminal, una mayor capacidad de procesar los casos con distintos tipos de soluciones. Una organización mucho más dinámica respecto de la que estábamos acostumbrados y con un desafío, aún pendiente en toda América Latina y que las señales que vinieron de la policía de Neuquén fueron positivas: encontrar un modelo de trabajo entre fiscales y policías que sea realmente eficiente. Creo que en eso Neuquén tiene muchas chances de poder construir ese nuevo modelo que se está buscando en todo el país.
¿Cuáles señales?
Lo leí en la prensa. Que la policía dice que está preparada. Normalmente, en otros procesos, la policía ha transmitido señales de resistencia, diciendo que no estaban preparados o que no habían sido consultados. Bueno, acá la señal fue: “estamos listos, empecemos a trabajar”. Pareciera que la policía también está buscando un nuevo rumbo en su profesionalización. Si se logra trabajar en una buena relación de cooperación, se puede lograr ese modelo interesante que se está buscando en todo el país y que todavía no logramos construirlo con claridad.
¿A grandes rasgos, qué implica el paso del modelo llamado inquisitivo-mixto a uno acusatorio?
Se puede explicar de un modo simple: Neuquén tiene oralidad hace mucho, o sea que eso lo conoce, pero todavía, en la etapa de investigación, concentra las actividades en el juez. Ahora se van a dividir las tareas con mayor claridad, entonces, todo lo que tiene que ver con la preparación del caso, la búsqueda de pruebas y la presentación de la acusación, que ya la hacían, quedan a cargo de los fiscales. Los jueces quedan liberados de esa carga y se termina el juez de instrucción. Queda sólo como un control de que la actividad de la investigación no afecte el derecho del imputado o, ante una divergencia entre el fiscal y las víctimas, resolverlas. Y por supuesto, el defensor se mantiene en su papel, pero con una organización también más moderna. Entonces, se pasa de un sistema único de investigación a uno tripartito, donde la división de funciones está muy clara.
El segundo cambio importante es que la oralidad ya no sólo es en el juicio, sino que se oralizan casi todas las actividades de las etapas preparatorias. Entonces, todos los planteos que antes se hacían por escrito –excarcelamientos, nulidades, planteos de pruebas, excepciones- se hacen en audiencia. Es importante porque cambia el modo de trabajo de los abogados: ya no presentan escritos sino que tienen que ir a la audiencia a discutir y a hacer peticiones a los jueces.
El tercer cambio es que se amplían las salidas alternativas. Entran demasiados conflictos al área penal, entonces hay que darle soluciones de mayor calidad, más rápidas y reparatorias. Toda una batería de sanciones más amplia, por lo que el Ministerio Público debe estar preparado ir respondiendo a los casos con distintas variaciones.
Una de las críticas que se hacen es que acelerar los tiempos no implica cambios en el tipo de delitos que se persiguen. Por ejemplo, delitos menores y no los más importantes.
Sí, el problema de fondo, que no depende sólo de la Justicia penal o de las reglas procesales sino también de todas las construcciones, es cómo hacemos para cambiar el modo del ejercicio de la política criminal. Yo creo que en varios elementos, la reforma ayuda a que se pueda dar ese cambio, por más que no depende de ella. Primero, se cuenta con un Ministerio Público con mayor capacidad para tomar decisiones político-criminales. Es decir, comienza a ser una política criminal más transparente, por lo tanto, puede ser criticada y vista. No queda escondida en el expediente o el trámite, que es lo que ocurre con el otro modelo. Ahí empezará una disputa política de las prioridades, pero tenés instrumentos para hacerlo. En segundo lugar, al abrir el abanico con las vías alternativas de resolución de conflicto, se puede orientar mucho de la actividad que hoy se lleva a acciones de tipo represivas, a soluciones de otras formas, reparatorias u otro tipo. Y en tercer lugar, en la organización del Ministerio Público se abrieron oficinas específicas para esto que hoy llamamos Persecución Penal Estratégica, que se trata de cambiar el modo en que nos enfrentamos inclusive a la criminalidad común. Hay presiones sociales de abocarse a la criminalidad del arrebato, de la flagrancia. Bueno, la respuesta a esto, que por otro lado son cosas que existen, que no son inventos, se ha preparado al Ministerio Público para que tenga una mirada estructural sobre fenómenos de delitos comunes. Es decir, que empiece a trabajar para desarticular mercados de robo de vehículos o de cosas robadas, en lugar de seguir caso a caso. Bueno, ahora falta el diseño. Hay un debate político sobre qué tipo de política criminal y qué tipo de prioridades que excede a la Reforma.
Las decisiones judiciales van a estar más expuestas y serán más públicas. ¿Qué papel les toca a los medios de comunicación?
Bueno, se reclama o se pide es que haya desde los medios una mayor profesionalización de la cobertura. Lo he visto más en los medios nacionales: es muy poco profesional, no se tiene información. Por un lado, es cierto que el Poder Judicial debería tener reglas más claras de transparencia para que la información llegue. Por el otro, se está pidiendo que el Poder judicial y el Ministerio Público tengan políticas de prensa, porque el periodista es un trabajador que al final del día tiene que presentar notas y tiene que tener acceso a la información, mucho mayor que el qiue hoy tiene. Así que se tiene que ir trabajando en generar, y en esto el Ministerio Público y el Poder judicial deben trabajar, una especialización de los periodistas, con manejo del lenguaje y otros temas.
Ahí, el Río Negro es un diario que tiene mayor profesionalización que algunos medios nacionales en estos temas. Se van a tener que hacer talleres de periodismo judicial para ir viendo como se están cubriendo las noticias, clarificar las reglas éticas del periodismo judicial –que nunca están del todo claras- y propiciar que el Ministerio Público haga conferencias de prensa. Sobre todo el Ministerio Público, más que los jueces, que pueden tener una política de comunicación más austera.
¿Y a los jueces y fiscales, que parte les toca en la transmisión de este mensaje que muchas veces es complejo, incluso desde el lenguaje?
Entre el lenguaje forense y la sociedad es necesario hacer una interfase y por eso son necesarias las oficinas de prensa, que cada vez más se están pidiendo y que cumplen esa función. Al interior del Poder Judicial creen que todo el mundo entiende la jerga que utilizan.
¿Cómo juega la expectativa de la gente con el resultado del proceso de reforma?
Toda política pública debe confrontarse con resultados. Ahora, hay que darle tiempo, porque magia no hace nadie. En ese sentido, también hay que construir un diálogo más maduro con la sociedad. Yo no hablaría de la Justicia como un todo, porque una es la relación que deben tener los fiscales con la sociedad y otra los jueces. El Ministerio Público cumple una cierta función de representatividad de los intereses sociales. Los jueces no lo hacen. Entonces, el Ministerio Público debe tener otra forma de relación con la ciudadanía. Esto es también lo que pasa, porque cuando la ciudadanía pretende relacionarse sólo con los jueces, el juez tiene que decirle que no se puede dejar llevar por los intereses sociales. No es así el Ministerio Público, que si bien no es un representante político de la sociedad, si tiene un nivel de representación que lo obliga a gestionar los intereses sociales. Entonces hay un nuevo juego que empieza y que hay que ver cómo se desarrollar, porque en la medida que la sociedad vea que hay alguien que representa sus intereses, puede canalizar los reclamos de otra manera.
A partir del 14, en Neuquén se da otro fenómeno particular, en tanto que en otros lugares donde se avanzó con reformas no los incluyeron o los incluyeron de otro modo, que son los Juicios por Jurados. ¿Qué cambios implica y qué evaluación previa hay sobre otras experiencias?
Bueno, en Córdoba se implementó hace tres o cuatro años un modelo de jurado un poco distinto al que funcionará en Neuquén, que es un modelo más clásico, el que vemos en la televisión, en base al modelo anglosajón. El de Córdoba es un modelo distinto, más europeo, en el que jueces y ciudadanos trabajan juntos y que también es muy positivo. El jurado es una institución muy antigua, mandada por la Constitución, pero en cierto modo también inédita en el país y por eso hay mucha expectativa sobre lo que va a pasar en Neuquén. Después viene Buenos Aires y se está abriendo toda una nueva etapa en la cual la deuda constitucional se está saldando. Yo soy muy favorable a los jurados, porque creo que abren un canal de participación importante, pero también creo que le da una salida al juez en ciertos casos que son cada vez más difíciles de resolver en soledad. Casos complejos, con demasiado impacto comunicacional en los que hay que llamar a la ciudadanía. Es un reconocimiento concreto a que hay cosas que los ciudadanos hacen mejor que los jueces. Ahora, también es una institución muy compleja que hay que ver cómo funciona, sin exitismos ni visiones catastroficas. Es una institución que hay que dajarla correr.
¿Qué opina sobre las críticas que ponen en duda la capacidad ciudadana para intervenir en el servicio de justicia?
En última instancia es una discusión ideológica sobre si el ciudadano es mala persona o no. Yo creo que el ciudadano argentino tiene un nivel de preparación muy alto. Se lo convoca para juicios que son juicios en los que los litigantes deben trabajar bien, porque son casos en los que el litigio es superior, de más calidad y más controlado. Pero me parece que no hay razones para pensar que el ciudadano no está preparado. En muchos casos, es el juez al que le cuesta sorprenderse frente a un caso, muchas veces hasta está aburrido y tiene más posibilidades de no dar importancia a un caso. Me parece que trae una frescura conveniente a la Justicia. Es el mismo ciudadano al que le pedimos que entienda las normas.
Se cuestiona la capacidad de ser imparcial. Esta cuestión en la que se piensa que el juez garantizaría la imparcialidad.
Bueno, el Juicio por Jurados es un juicio en el que el juez sigue teniendo funciones muy importantes y en el que el control del juez profesional sobre el desarrollo aumenta. Entonces, es un juicio de cooperación entre el juez profesional y el juez ciudadano. Este último va a cumplir una función importante en determinar si el hecho existe y si es culpable, pero no está sólo. Pero también el hecho de que un juez esté habituado a trabajar en juicios y temas penales todos los días, no sé si lo hace más imparcial. El jurado, históricamente, nace ante la sospecha de que a los jueces profesionales les cuesta ser imparciales.
En Neuquén está en marcha otro proceso de reforma, en este caso del fuero Civil, y por eso se habla de una reforma general de la Justicia. ¿Se puede aplicar la experiencia de lo Penal al resto de los fueros?
Sí, y se debe aplicar, sobre todo la experiencia de cómo hay que debatirlas. Justamente la experiencia en lo Penal muestra cómo los fuertes debates y la discusión favorecen los procesos de reforma y los van preparando. Los principios básicos son los mismos. Hay diferencia muy grande en cuanto a que la Justicia Civil reclama un compromiso de la comunidad jurídica mayor que en Penal, donde mucho recae sobre los defensores públicos. En cambio, en materia Civil hay que trabajar mucho con los abogados para que no la distorsionen. Entonces, hay particularidades, pero es claro que Neuquén ya está preparado para transformar todo su sistema de Justicia.
