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Boleta electrónica: los partidos podrán disponer de máquinas para capacitar a fiscales

La Junta Electoral Provincial dispuso que cada uno de los partidos políticos que participe con una lista en las elecciones municipales de Neuquén, convocadas para el próximo 4 de octubre, deberán contar al menos  con una de las máquinas que se utilizarán para implementar el sistema de Boleta Única Electrónica.  Por ese motivo, mediante Acuerdo 303, requirió al Ejecutivo Municipal que garantice esta posibilidad en un plano de igualdad para todas las agrupaciones.

El máximo órgano electoral de la provincia consideró que acceder al menos a una máquina por partido contribuirá a la formación de los fiscales y, en consecuencia, al mejor desarrollo de los comicios. “Su función es vital para garantizar la transparencia y el control del proceso electoral”, resaltaron los integrantes  de la Junta.

Presidida por el titular del TSJ, Antonio Labate, e integrada por los vocales Ricardo Kohon y Oscar Massei; el fiscal general José Gerez y por la jueza electoral Alejandra Bozzano; con la asistencia de la secretaria electoral Rosana Dalton, la Junta resaltó la necesidad de capacitar en el uso del nuevo sistema, tanto a los electores como a los partidos políticos y a quienes actuarán como autoridades de mesa.

En virtud de que para la capacitación convergen diferentes sectores (autoridades de mesa, fiscales y técnicos partidarios, entre otros) se requirió al Ejecutivo Municipal que “arbitre los medios necesarios para llevar a cabo las tareas de capacitación con la mayor amplitud y grado de difusión que se pueda brindar”. Por otro lado, y en virtud de que el rol de contralor y de dirección absoluta del proceso electoral corresponde, por Ley, a la Junta Electoral, se solicitó al Municipio que “se abstenga de realizar capacitación alguna por fuera de las previstas” en el plan aprobado.

Puestos de capacitación en espacios públicos

El plan de capacitación de electores aprobado a través de la presidencia de la Junta, a cargo del vocal del TSJ Antonio Labate, estableció oportunamente un listado de puestos de acceso público para instalar las máquinas y se puso en marcha el miércoles pasado.

Hipermercado Walmart; supermercados Topsy, La Anónima, Capriolo y Cooperativa Obrera; dependencias municipales (delegaciones Progreso y Alto Godoy, oficinas de calle Richieri y Bahía Blanca; de calles Rivadavia y Córdoba; gimnasio del Parque Central y Palacio Municipal); Paseo de los Veteranos (Parque Central Este); Plaza de las Banderas; en la globa ubicada frente a la Municipalidad y en otros edificios de acceso público: ISSN, Universidad Nacional del Comahue, Anses, bancos, Aeropuerto, clubes de abuelos, Pami y hospitales. De acuerdo al plan, también se debe disponer de un puesto de capacitación móvil.

 El TSJ envío proyecto de ley a la Legislatura para modificar los artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica.

Los cambios que se proyectan modifican artículos referidos a las sanciones disciplinarias que rigen en el ámbito del Poder Judicial  y respecto de las facultades sancionatorias que ostentan los magistrados en el ejercicio de su poder de policía.

El Tribunal Superior de Justicia mediante Acuerdo N° 5332 punto 10 aprobó  el proyecto de modificación de los artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica N° 1436, además de prever la incorporación del artículo 23 bis.

Así, mediante el primero de los artículos citados, se proyecta establecer un régimen de sanciones intermedias para magistrados y funcionarios de los ministerios públicos, explicitándose que dicha finalidad persigue: “... la posibilidad de contar con un procedimiento que permita encauzar la conducta de los Magistrados y funcionarios a los fines de que acaten los deberes expresos e inherentes a su cargo, sin llegar al extremo de esperar que la gravedad de la situación motorice un proceso constitucional de remoción”.

El Tribunal, en el citado acuerdo, ha considerado que, como garante del correcto funcionamiento de sus órganos, debe contar con las herramientas que le permitan corregir las falencias que se presenten, observando que “...la única sanción que se puede aplicar a un magistrado o titular de los ministerios públicos, es la sanción prevista en el inciso a) es decir un apercibimiento.”

Por ello, entiende que “entre un proceso de responsabilidad política que tiene como finalidad la remoción del cargo, y un proceso de responsabilidad disciplinaria que sólo prevé un apercibimiento, debe existir la posibilidad de que previo sumario escrito y actuado, garantizado el derecho de defensa de los involucrados, pueda aplicarse una sanción intermedia”, lo cual sería por aplicación del principio de igualdad dado que para el resto de los funcionarios y personal del Poder Judicial sí se encuentra previsto.

En otro orden, el proyecto contempla la incorporación del art. 23 bis, respecto del mecanismo para aplicar sanciones disciplinarias a empleados y funcionarios no sometidos al régimen del Jurado de Enjuiciamiento, manteniéndose la escala de sanciones correctivas y expulsivas que se encuentran vigentes en el art. 23 de la legislación orgánica.

Por último, las modificaciones del artículo 24 están vinculadas directamente con las reformas procesales que se encuentran iniciadas y en proceso de desarrollo y que apuntan, fundamentalmente, al proceso oral. En este sentido, se pretende que los magistrados, en el marco de las audiencias, tengan las herramientas adecuadas para garantizar el orden y normal funcionamiento de las mismas. Así, se prevén sanciones para  los litigantes, patrocinantes, apoderados, peritos y cualquier otra persona vinculada al proceso que,  por acción u omisión, obstruya, entorpezca, impida u obstaculice el normal desenvolvimiento del proceso judicial, la realización de las audiencias fijadas o afecte la dignidad o decoro en los juicios.