"Año del 45 aniversario del Golpe de Estado Genocida Cívico-Militar, por Memoria, Verdad y Justicia"

Resoluciones Nº 21 a 59 del Juzgado Electoral Provincial de Neuquén.

En los últimos días ha tomado estado público a través de diversos medios de comunicación un debate surgido a raíz de dos decisiones del Tribunal de Impugnación que determinaron la puesta en libertad de personas que, si bien han sido condenadas en los juicios respectivos, aún no han tenido su audiencia de imposición de la pena. Por no encontrarse firme la condena y habiendo transcurrido más de un año de su prisión preventiva, los integrantes del Tribunal de Impugnación que intervinieron en esos casos entendieron que la normativa vigente no permite que esa detención preventiva prosiguiera.

Es de destacar en primer término la importancia democrática de que el funcionamiento de la administración de justicia comience a ser conocido y debatido socialmente. Una de las características de la república es la publicidad en los actos de gobierno; y el trabajo del Poder Judicial en su conjunto, como uno de los poderes del Estado, debe ser transparente y de cara a la sociedad. Por supuesto que asumir ese compromiso implica también saber aceptar aquellos aspectos de nuestro trabajo que no funcionan o que marchan en forma inadecuada, y comprometernos en la mejora permanente.

Pese al beneficio de la discusión pública, no puede dejar de señalarse sin embargo que cuando de decisiones concretas se trata, en casos que aún se encuentran en curso y cuyos protagonistas son actores del proceso judicial (jueces, fiscales, defensores), el ámbito de discusión natural es el normado legalmente a través del proceso correspondiente. Existiendo diversas instancias de revisión de una decisión judicial (concretamente en el ámbito penal, una decisión tomada por un juez de garantías puede ser revisada por el Tribunal de Impugnación, por el Tribunal Superior de Justicia e incluso, llegado el caso, por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación), lo prudente y apropiado de parte de los operadores que se encuentran litigando en un caso concreto cuya decisión no consideren ajustada al derecho vigente, es utilizar los recursos legales con los que cuentan para intentar revertir esa decisión.

En el mismo sentido es también necesario reflexionar sobre el rol del juez en un caso concreto. Una decisión judicial debe centrarse en la resolución de la controversia específica planteada por las partes y su justificación. La resolución judicial no es un espacio para poner en discusión problemas administrativos o de superintendencia para cuyo tratamiento existen los organismos y canales apropiados.

Por ello es que sostenemos que la participación ciudadana, la discusión pública y la transparencia en el accionar judicial son pilares de una verdadera democratización de la justicia, pero no debemos perder de vista que cuando lo sucedido en un caso o un grupo de casos se universaliza y se presenta como “la realidad judicial”, se está obviando en el análisis información relevante para poder medir con mayor exactitud la eficacia del sistema.