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El TSJ solicitó crear dos cargos de jueces laborales

En sintonía con la reforma en marcha en los distintos fueros, que paulatinamente adoptarán el sistema de organización de  Oficinas Judiciales ya implementado en la Justicia Penal, el Máximo Tribunal elevó un proyecto de ley a la Legislatura para crear dos cargos de jueces laborales en el ámbito de la I Circunscripción.

La propuesta se oficializó en el último acuerdo del TSJ (Nº 5192) y se limitó a los cargos de magistrados, sin la estructura administrativa que actualmente corresponde a los juzgados laborales. “Se propone únicamente la creación de los cargos de jueces, en consonancia con las estructuras que se adoptarán a futuro en las reformas venideras”, se indicó en el proyecto de ley en referencia al “esquema de oficinas judiciales, estructuras comunes para asistir a los distintos jueces, sin una estructura administrativa organizada como juzgado”.

Como principal argumento para solicitar la creación de los cargos de jueces se remarcó que “entre el 2009 y el 2012 el fuero laboral ha sufrido un incremento de causas del 43,5%”. Según se indicó en el proyecto, se trata del mayor crecimiento en la actividad en los fueros no penales, pero sin un aumento proporcional de personal para atender las nuevas causas. “A ello debe sumarse el aumento de competencias del fuero laboral”, se indicó. Esto tiene que ver con que hasta 2011, la competencia para el inicio de acciones civiles por accidentes o enfermedades profesionales derivados del trabajo en relación de dependencia se fijaba en la Justicia Civil. Luego de ese año y siguiendo precedentes de otras provincias, el TSJ estableció la competencia de la Justicia Laboral, dejando solamente la Justicia Civil la acción que se fundase en el artículo Nº 1.072 del Código Civil, es decir, en los casos que existiese dolo de parte del empleador.

Aquí se puede descargar el proyecto.

No informó la contratación a prueba y deberá indemnizar

Una persona que fue despedida tras haber trabajado menos de tres meses en un restaurante deberá ser indemnizada por el propietario quien, bajo el argumento de que aún se encontraba en período de prueba, pretendía terminar el vínculo sin asumir ese costo. Según se interpretó en primera instancia, en un fallo que fue confirmado por la Cámara y que en el día de hoy quedó firme, la indemnización corresponde en tanto que el empleador nunca había registrado ni informado la relación laboral ante los organismos correspondientes. Ahora deberá pagar más de 50 mil pesos (más intereses) y asumir las costas del proceso.

Todo ocurrió entre julio y agosto de 2012 en la localidad de San Martín de los Andes y fue denunciado en 2013. El 23 de mayo pasado, en primera instancia, el juez en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería 1 de la IV Circunscripción, Joaquín Cosentino, admitió en forma parcial la demanda y condenó al empresario al pago de $53.177 más intereses a su ex empleado. También ordenó la entrega, en el plazo de diez días hábiles una vez que la sentencia quedara firme, la constancia documentada y el certificado de trabajo  confeccionados conforme a las reales condiciones laborales.

El magistrado evaluó la presentación del demandante y el correspondiente descargo y determinó puntos comunes en ambas versiones. Por caso, que la relación laboral se extendió entre el 10 de julio al 5 de octubre de 2012, que el demandante trabajó como cocinero y ayudante de cocina y que el vínculo concluyó por el despido dispuesto por el empleador en forma verbal.

A partir de esos puntos, detalló que el despido sin causa puede ser verbal o escrito, pero en caso que el empleador invoque razones para no indemnizar, en ese caso es requisito hacerlo por escrito.  “En consecuencia, más allá del esfuerzo realizado, el despido dispuesto por el demandado debe considerarse incausado, más allá de la injuria que hubiera invocado y de la eventual prueba de esta última causa”, afirmó.

Como la relación laboral no había sido informada a los organismos correspondientes, el magistrado no convalidó el argumento del empresario gastronómico respecto de que la relación laboral se encontraba dentro del “período de prueba”. El juez se apoyó en legislación laboral que indica que “el empleador debe registrar al trabajador que comienza su relación laboral por período de prueba, caso contrario, sin perjuicio de las consecuencias que se derivan de ese incumplimiento, se entenderá de pleno derecho que ha renunciado a dicho período”.

La sentencia fue apelada, pero la Cámara provincial de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, integrada por los vocales María Julia Barrese y Dardo Walter Troncoso se expresó en el mismo sentido que el juez de primera instancia y desestimó el planteo.

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