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El Tribunal Superior de Justicia reiteró el pedido de modificación de su facultad disciplinaria

Actualmente sólo podría aplicar un "apercibimiento". El proyecto busca contar con un procedimiento que permita la aplicación de sanciones

El Tribunal Superior de Justicia reiteró a la Legislatura el pedido de que se trate el proyecto de modificación del artículo 23 de Ley orgánica del Poder Judicial que había sido remitido en el mes de agosto del año 2015. 

En él se busca establecer un régimen de sanciones para magistrados y funcionarios de los ministerios públicos que posibilite “contar con un procedimiento que permita encauzar la conducta de los Magistrados y funcionarios a los fines de que acaten los deberes expresos e inherentes a su cargo, sin llegar al extremo de esperar que la gravedad de la situación motorice un proceso constitucional de remoción”.
El Tribunal, en el citado acuerdo, ha considerado que, como garante del correcto funcionamiento de sus órganos, debe contar con las herramientas que le permitan corregir las falencias que se presenten observando que “...la única sanción que se puede aplicar a un magistrado o titular de los ministerios públicos, es la sanción prevista en el inciso a) es decir un apercibimiento.”
Por ello, entiende que “entre un proceso de responsabilidad política que tiene como finalidad la remoción del cargo, y un proceso de responsabilidad disciplinaria que sólo prevé un apercibimiento, debe existir la posibilidad de que previo sumario escrito y actuado, garantizado el derecho de defensa de los involucrados, pueda aplicarse una sanción intermedia”, lo cual sería por aplicación del principio de igualdad dado que para el resto de los funcionarios y personal del Poder Judicial sí se encuentra previsto.-

¿Cuál es la diferencia?
Es importante aclarar que el Jurado de Enjuiciamiento es un órgano extrapoder DISTINTO al Tribunal superior de justicia.
Por ello, actualmente el Tribunal, está solicitando la posibilidad de aplicar sanciones que no sean solo un "apercibimiento" cuando, analizada la conducta de sus magistrados y funcionarios, éstos no hayan incumplido con sus deberes.

El Consejo de la Magistratura no podrá evaluar magistrados y funcionarios

La convocatoria a la reforma constitucional sólo habilitó modificaciones en el proceso de selección de jueces y funcionarios de los ministerios públicos. Existen otros mecanismos de control previstos por la Constitución.

El Tribunal Superior de Justicia resolvió por unanimidad declarar la nulidad parcial del inciso 3 del artílo 251 introducido por la reforma constitucional de 2006. La Asociación de Magistrados había iniciado una acción de inconstitucionalidad para pedir la nulidad del artículo que otorgaba la función de evaluar periódicamente al Consejo de la Magistratura.

El máximo Tribunal basó su decisión en que la Constitución Provincial dispone que la “Convención no podrá comprender en la reforma otros puntos que los expresados en la ley de convocatoria” (art. 315 Constitución Provincial)

El TSJ analizó en detalle la reforma constitucional y concluyó que no surge de la ley de la Convocatoria (Ley 2471) la posibilidad de que el Consejo de la Magistratura someta a los jueces y funcionarios a evaluaciones periódicas. Desde un primer momento limitó las atribuciones de este órgano extrapoder a la selección de los candidatos a ocupar dichos cargos.

Señaló que, conforme surge de la ley de Convocatoria, cuando se habilitó a los convencionales a modificar el procedimiento de selección y remoción de los jueces y funcionarios judiciales la ley sólo mencionó el “procedimiento de selección” de los candidatos a jueces, pero omitió toda referencia al procedimiento de “remoción” de los mismos. La ley tampoco habilitó la modificación del Jurado de Enjuiciamiento”, órgano encargado de llevarlo a cabo.

De esta manera, el Tribunal Superior de Justicia concluyó que la atribución dada al Consejo de la Magistratura para “evaluar periódicamente” a los jueces y funcionarios es nula en tanto no fue prevista en la ley de Convocatoria y declaró de la inconstitucionalidad del art. 28 de la ley 2533 que la reglamenta y toda normativa dictada en consecuencia.

Los jueces como parte de un Poder del Estado están sometidos a distintos controles republicanos. Sus sentencias son revisadas por otros jueces en instancias superiores. Son  evaluados por el Jurado de Enjuiciamiento que lo puede remover si encuentra causales de mal desempeño. Es la Auditoria General el organismo que realiza las evaluaciones periódicas orgánicamente. Y, finalmente, están sujetos al control democrático de la ciudadanía que puede instar los procesos de remoción mediante las denuncias pertinentes.

Antecedentes