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El Tribunal Superior creó una comisión de seguimiento de la Reforma Procesal Penal

Tendrá reuniones periódicas, recopilará información y buscará soluciones conjuntas y articuladas a los inconvenientes propios de la implementación

Por Acuerdo N° 5180, el Tribunal Superior de Justicia creó la Comisión de Seguimiento de la Implementación de la Reforma Procesal Penal que será coordinada por la Subsecretaría de Planificación del Poder Judicial.

La Comisión estará integrada por un representante del Ministerio Público Fiscal, un representante del Ministerio Público de la Defensa, el Presidente del Tribunal de Impugnación, el Vicepresidente del Tribunal de Impugnación, el Presidente del Colegio de jueces de la I Circunscripción, el Vicepresidente del Colegio de jueces de la I Circunscripción, el Presidente del Colegio de Jueces del Interior, la Vicepresidente del Colegio de Jueces del Interior y los Directores de las cinco Oficinas Judiciales de la Provincia.

El objetivo será recabar información sobre el avance de la implementación de la Reforma Procesal Penal tomando cuenta de las dificultades que surgen del proceso de cambio. La comisión hará hincapié en la interacción de los Organismos y se orientará a la búsqueda de soluciones articuladas en forma conjunta. Mantendrá reuniones periódicas con una agenda de trabajo predefinida. Luego de las reuniones, se elaborará una minuta que será puesta a disposición del Alto Cuerpo para su conocimiento. Las minutas contendrán una síntesis de los temas abordados, las propuestas realizadas, así como las acciones a seguir en cada caso.

Asimismo y si las necesidades de las diversas Circunscripciones lo requirieran, la Comisión podrá generar grupos de trabajo reducidos específicos para requerimientos puntuales.

El derecho a trabajar dentro de los penales “asiste a todos los detenidos”

Lo afirmó la jueza de Ejecución Penal Raquel Gass, en referencia al caso del odontólogo que fue autorizado para ejercer su profesión dentro de la cárcel de Senillosa. Además, dijo que no se trata de una salida laboral, un beneficio que recién se puede solicitar cuando se cumple la mitad de la condena y que no se otorga de manera automática, sino que se evalúa en audiencia pública.

La jueza de Ejecución penal de la I Circunscripción, Raquel Gass, aclaró que el permiso para trabajar como odontólogo en la cárcel de Senillosa a una persona condenada que hasta hace pocos días estaba alojada en la Unidad Penal 11 se limita a la atención “intramuros” y que de ningún modo se trata de un permiso para salidas laborales.

Recordó que el derecho a ejercer la profesión u oficio asiste a todos los detenidos, en cualquier etapa de su condena y sin distinción, y que en este caso permitirá habilitar el consultorio que dispone el penal para la atención en forma exclusiva de los internos. “Es sólo la autorización a una persona, que podría tener cualquier otro oficio. Por ejemplo, una persona que es docente me pidió sumarse al equipo de tutorías del Centro Educativo Provincial Integral (CEPI), y eso también lo autoricé. No se trata de excepciones”, describió respecto de otro de los casos en los que, en el contexto del traslado de internos a la cárcel de Senillosa, solicitaron trabajar dentro del penal.